A quién afecta

El personal de investigación, incluidos investigadores principales, técnicos, gestores de proyectos, estudiantes de posgrado y personal de apoyo, interactúa diariamente con información sensible en una amplia variedad de actividades científicas y tecnológicas, desde experimentos básicos hasta desarrollos aplicados de alto impacto.

Considerar la seguridad en la investigación protege contra riesgos personales como sanciones, demandas o interrupciones en su trayectoria, al mismo tiempo que resguarda la integridad ética y colectiva del ecosistema científico. Además, fortalece su reputación profesional: investigadores que priorizan prácticas seguras ganan credibilidad entre pares, financiadores y socios internacionales, facilitando acceso a colaboraciones de prestigio, publicaciones de alto impacto y oportunidades de carrera. En el contexto internacional actual, una sólida cultura de ciencia segura eleva el perfil individual y posiciona al grupo de investigación como un referente confiable, atrayendo talento, recursos y reconocimiento en el panorama global de la ciencia y la innovación. En el lado contrario, incidentes relacionados con la seguridad en la investigación, desde transferencia no deseada de resultados, brechas de ciberseguridad y de acceso a instalaciones hasta la permisividad en casos de injerencia extranjera, pueden dañar la reputación internacional del personal y el grupo de investigación. 

El personal de investigación puede apoyarse en el portal Ciencia Segura para empezar a implantar una cultura de seguridad en la investigación en su ámbito diario. Además, deberá contar con apoyo de su institución, ya sea en forma de personal de gestión, recursos, protocolos o plantillas. 

Los organismos de investigación son la primera línea operativa de la investigación en España y, por ello, son los más expuestos a los diversos riesgos relacionados con la seguridad en la investigación. 

Por un lado, las universidades, tanto públicas como privadas, son actores principales del sistema científico español por su doble papel en la generación del conocimiento y formación del capital humano. Su actividad científica supone más del 80% del conjunto del país (La universidad española en cifras 2021-2022, CRUE) y actúan como nodos de cooperación internacional, bien a través de convenios o a través de proyectos colaborativos de investigación. 

Por otro lado, los centros de investigación, entre los que destacan los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) nacionales, junto a centros de investigación regionales y centros tecnológicos, también están expuestos a vulnerabilidades. Estos centros gestionan frecuentemente proyectos de gran envergadura e impacto estratégico, desde la investigación básica hasta desarrollos tecnológicos muy cercanos a mercado. Además, trabajan con información y tecnologías sensibles, albergan y gestionan gran parte de las infraestructuras científico-técnicas estratégicas, y están frecuentemente involucrados en proyectos de cooperación científica internacional. 

El desarrollo de una cultura de seguridad en la investigación en el sistema universitario y los centros de investigación españoles es, por tanto, un pilar clave para nuestro país. 

Los principales organismos financiadores en España, ya sean de carácter nacional, regional o público, canalizan recursos públicos hacia proyectos de I+D en diferentes ámbitos. En ocasiones, estos proyectos incluyen actividades de cooperación internacional con terceros países, lo que hace necesario poner en marcha medidas que aseguren una internacionalización responsable. 

El nivel de exposición y riesgos viene determinado por factores como las características de la convocatoria y de los propios participantes, los países con los que se coopera, el ámbito científico o tecnológico y el nivel de madurez de los proyectos y resultados. En base a estos factores, las agencias financiadores pueden establecer una serie de protocolos durante la evaluación y supervisión de los proyectos, evitando siempre una carga administrativa excesiva para los participantes o un aumento en los tiempos de evaluación y firma de los acuerdos de subvención. 

Además, siguiendo el principio de proporcionalidad y para evitar excesivas cargas administrativas, las propias agencias financiadoras pueden realizar un análisis interno para determinar cuáles de sus convocatorias puede ser objeto de requisitos (o recomendaciones) adicionales relacionados con la seguridad en la investigación. 

En un contexto de creciente complejidad geopolítica, las administraciones públicas juegan un papel clave en la concienciación y capacitación de los distintos actores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). 

Las administraciones públicas, en sus diversas esferas, desempeñan un rol esencial al definir el marco normativo para la seguridad en la investigación, coordinar políticas transversales y ofrecer apoyo técnico a las instituciones para identificar y mitigar amenazas emergentes, actuando además como puente con socios internacionales y organismos multilaterales.

Pueden impulsar normativas claras, herramientas de orientación y plataformas de intercambio de buenas prácticas, fomentando así una cultura compartida de responsabilidad que abarca desde la protección de datos sensibles hasta la gestión de riesgos en tecnologías de doble uso. Prestar atención a estos aspectos ayuda a prevenir vulnerabilidades que podrían erosionar la seguridad nacional, generar tensiones diplomáticas o debilitar la posición estratégica del país en el ámbito global.

Además, contribuye a preservar y elevar la reputación internacional del país: una cultura sólida de seguridad posiciona a las instituciones y empresas españolas como socios confiables en colaboraciones europeas e internacionales, atrayendo inversiones, proyectos conjuntos y liderazgo en iniciativas clave. En contraste, rezagarse frente a otros países de la UE podría generar desconfianza externa, limitando oportunidades de cooperación y afectando la percepción de España como actor innovador y seguro en el ecosistema científico global.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT F.S.P), coordina los esfuerzos por diseminar una cultura de la seguridad en la investigación en España. Esta implantación se hará en coordinación con otros objetivos como el fomento del valor público y social de la ciencia, el refuerzo de la calidad democrática y el bienestar para el conjunto de la sociedad.